El conflicto del Agua en Chile y nuestro fundamentalismo neoliberal

El 22 de abril de este año organizaciones sociales de diferente índole han convocado a una marcha nacional por la defensa y recuperación del agua. Esta convocatoria responde en gran medida a una situación crítica de escasez de agua en varias regiones del país, a problemas de contaminación del agua y a impactos irreversibles producidos por gigantescos proyectos de generación hidroeléctrica. Esto ha generando múltiples conflictos entorno a los recursos hídricos a nivel nacional que están vinculados a relaciones conflictivas entre empresas mineras, centrales hidroeléctricas y comunidades indígenas, rurales o urbanas en diversas regiones del país. Algunos casos emblemáticos han sido Hidroaysén, Pascua Lama o Celco, sin embargo existen muchísimos conflictos más que no han tenido la misma cobertura mediática.

¿Cómo podemos comprender estos conflictos? ¿Qué es lo que está detrás de ello? Chile cuenta con una disponibilidad privilegiada de agua dulce en comparación con otros países, pero a pesar de la abundancia de este recurso su distribución es muy dispareja a lo largo del país. Mientras desde Santiago hacia el norte el acceso al agua dulce es limitado (cerca de 639 m3/habitante/año) y se enfrenta un evidente estrés hídrico, en el sur de Chile la disponibilidad de agua es abundante (superando los 9.000 m3/habitante/año). Es precisamente en el norte y centro del país donde el uso consuntivo(1) de este recurso es más intensivo (debido a la minería y a la agricultura principalmente). Mientras en la zona sur los principales conflictos refieren a problemas de contaminación de agua y al impacto de grandes centrales hidroeléctricas (uso no consuntivo). Además de esta desequilibrada distribución del recurso, durante las últimas décadas el consumo ha aumentado de forma relevante, lo que ha generado una mayor presión en las regiones donde la disponibilidad del recurso es limitada, sumándose a una importante sequía que ha estado afectando varias regiones de Chile en los últimos años (desde el año 2007).

En Chile, a pesar de enfrentamos regularmente sequías debido a los fenómenos de El Niño y La Niña, y de tener información que señala que éstos se han recrudecido por los efectos del cambio climático global, al parecer no hemos aprendido a enfrentar este tipo de problemas. Pareciera ser que cada vez son más relevantes los estragos que producen las sequías. Detrás de esto se encuentra el peculiar modelo de gestión de aguas que tenemos en Chile.

“El modelo Chileno” para regular el uso y consumo de las aguas continentales es único en el mundo. Fue instalado en el año 1981, en el marco de las reformas neoliberales del Régimen Militar, mismo periodo en que se aprobó el Código de Aguas que rige hasta la actualidad. Este Código ha sufrido sólo una modificación (en el año 2005), donde se ajustaron ciertos aspectos críticos para el funcionamiento del mercado de aguas, pero en ningún caso modificó el carácter central de la política de mercado para la regulación del acceso a los recursos hídricos. Esta legislación tiene como consecuencia que en Chile, más que en cualquier otro país del mundo, las políticas de agua se rijan por el libre mercado. En Chile el agua es manejada como una mercancía sujeta a las fuerzas de la oferta y la demanda, en un mercado sin regulaciones estatales, donde el agua se rige por normas de propiedad privada en el marco de un libre mercado.

Este modelo de gestión tiene graves consecuencias. Por una parte permite la concentración de la propiedad, generándose graves situaciones monopólicas, tanto de los derechos consuntivos (usados principalmente por empresas mineras, grandes exportadoras de productos agrícolas, forestales y sanitarias), como de los derechos no consuntivos (principalmente usados por empresas hidroeléctricas), violando el supuesto de competencia y obstaculizando una asignación óptima del recurso. Además los procesos de privatización de los servicios sanitarios, sumados a la monopolización de estos servicios por sectores geográficos, ha conllevado frecuentes alzas de tarifas, provocando que nuestro sistema tarifario del agua sea el más caro de América Latina.

Por otra parte, se identifica una creciente agudización del estrés hídrico y destrucción de cuencas, debido a una indiscriminada demanda del recurso, que en muchos casos culmina con el agotamiento de los cauces y la destrucción de variados ecosistemas. Las empresas hidroeléctricas acaparan agua, afectando a los usuarios aguas abajo, mientras las empresas mineras y forestales usan abundante agua para sus faenas, devolviendo parte de ella contaminada a los cauces de los ríos. La agricultura campesina, sin agua, reduce su producción y provoca escasez de alimentos y desertificación. En algunos casos, poblados que tradicionalmente tenían abundancia de agua hoy día deben ser abastecidos con camiones aljibe.
En este modelo de gestión del agua, además, la administración del recurso se efectúa a nivel de secciones de ríos y no a nivel de cuencas, lo cual limita las posibilidades de control de problemas ambientales y de resolución de conflictos. Sin lugar a dudas, este modelo no entrega herramientas adecuadas para desarrollar una gestión integrada de cuencas y mucho menos para velar por la sustentabilidad del recurso.

Finalmente, este modelo tiene un serio impacto en la equidad social, ya que no se ha favorecido el acceso a los recursos hídricos a la agricultura campesina y a los pequeños productores, dificultando el mejoramiento de las condiciones de vida en sectores de pobreza rural. La participación de este sector de la población en el mercado de aguas es limitado, tanto por el acceso a recursos económicos como por la falta de información. Paralelamente, cuando se generan conflictos importantes y son llevados a la justicia ordinaria, tanto los campesinos, los pequeños agricultores como las comunidades rurales no cuentan con recursos suficientes para participar en estos procesos judiciales, lo que termina exacerbando los conflictos y perjudicando a las partes más débiles.

Las condiciones legales e institucionales de nuestro modelo de gestión de aguas limitan las posibilidades de los gobiernos y las comunidades para responder a los crecientes problemas sociales y ambientales. La pérdida del control público sobre la propiedad y gestión del agua, generan un problema estructural en la gobernabilidad democrática del agua y con ello el incremento de conflictos locales, regionales y nacionales por este recurso.

La fe ciega en el mercado que ha gobernado en nuestro país durante las últimas décadas, nos ha llevado a asumir que esta es la mejor forma de regular el acceso a recursos de múltiple índole y servicios fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Quizás es momento de que nuestros políticos y autoridades pongan atención al malestar ciudadano que es un síntoma de un modelo de gestión de aguas deficiente. Un mercado regulado puede ser una herramienta adecuada para distribuir determinados recursos, pero sin dudas no es apta para todos los recursos y servicios, tal como lo entendemos en Chile. Menos apto es el mercado cuando goza de tan alta desregulación y es gobernado por monopolios como los que hay actualmente en nuestro país.

En el caso del agua se debe modificar con urgencia esta situación. Ya estamos siendo testigos de algunos efectos del cambio climático y sabemos que las situaciones de estrés hídrico aumentaran dramáticamente en los próximos anos: ¿qué estamos haciendo hoy para enfrentar esto?

* 1.- La legislación sobre aguas en Chile, diferencia entre usos “consuntivos” y usos “no consuntivos”. Los primeros refieren al consumo del agua sin que sea devuelta a los caudales de los ríos, en cambio los segundos contemplan la utilización del agua que luego debe ser devuelta al caudal de los ríos para ser utilizadas por otros usuarios.

Anahí Urquiza